Destacan entrega de tres escrituras de predios rurales de Catriel

Dijo el funcionario que si bien son superficies importantes que van de los 1.000 a las 10. 000 hectáreas “por ser campos de secano respetaban las unidades económicas de explotación”.
Hay que destacar que las escrituras fueron entregadas el pasado martes por el propio gobernador Alberto Weretilneck, quien señaló en la oportunidad que “con este acto estamos echando por tierra el famoso Decreto 227/05 que obligaba a los propietarios de muchas tierras fiscales a dejar una suma de dinero a la provincia y a un estudio de abogados a cambio de obtener el título de propiedad”.
Enfatizó el Mandatario que “estas tres escrituras marcan claramente un antes y un después en todo lo que significa para Catriel el tema de las tierras”.
Álvarez Costa informó que “se suscribieron las primeras tres escrituras de predios rurales fiscales, en zonas aledañas a la ciudad de Catriel”, luego de superar, con la intervención del organismo y la Fiscalía de Estado, las trabas que había para concretar esta medida por un decreto del Poder Ejecutivo dictado en el 2005.
Explicitó que esos campos “habían sido inicialmente abonados por particulares pero estaba la vigencia del decreto 227/05, que prevé que en la negociación por servidumbres hidrocarburíferas y remediación ambiental entre el ocupante fiscal y la empresa prestadora del servicio, se erigiera un tercero como gestor y a cambio se llevara honorarios”.
Indicó que “eso originó una serie de reclamos judiciales por parte de los particulares, 9 en la sede de Cipolleti y otros 12 en el departamento de General Roca, y a partir de una gestión conjunta con la Fiscalía de Estado y con los particulares, logramos entregar las respectivas escrituras, sin la transcripción de ese régimen específico que en definitiva lo que hacía era tener como rehenes a los particulares”.
Al consultársele si ese decreto ya no tiene vigencia, informó que “hoy en día los particulares tienen la potestad o facultad de adherirse o no al régimen; nosotros entendemos, a través de una interpretación que hemos hechos con la Fiscalía de Estado, que no está previsto en el contrato anexo del propio decreto que sea obligatorio, que era lo que reclamaban los propietarios y a raíz de los cuales se habían originado procesos judiciales”.
Respecto a las propietarios que accedieron a la escrituras, destacó que “la principal de las ocupaciones databa de la década del ’30, estamos hablando de padres de los firmantes; otra de las ocupaciones databa de la década del ’60 y la última de comienzos de los años ’90. Hay casos donde se supera las mil hectáreas y otras las diez mil, pero son superficies que por ser campos de secano respetaban las unidades económicas de explotación”.